El Estado Social Autonómico

Abstract

Este trabajo se asienta sobre dos ejes, por un lado el carácter social de nuestro Estado y por otro lado su organización territorial autonómica. Para referirnos al primero nos sirve como referencia el articulo 1 de nuestra Constitución que califica al Estado como social, democrático y de derecho. Este término a su vez acoge otros como la igualdad, la no discriminación y la participación política sobre la que se asienta la soberanía nacional. Para comprender mejor su evolución llevaremos a cabo un repaso del desarrollo de las libertades y garantías constitucionales en nuestro país caracterizadas tradicionalmente por la desigualdad existente entre las clases sociales que participaban en la vida política, como consecuencia de esta situación de desigualdad se produjeron conflictos colectivos que conllevaron una presión social para las clases dominantes y que propiciaron que se pasase de un Estado abstencionista a un Estado intervencionista y marcadamente prestacional, basado en la planificación de objetivos socioeconómicos y que se sirve de la cesión de competencias a las Comunidades Autónomas para combatir los altos niveles de desigualdad económica y social existentes. De este modo se establece el Estado social que persigue por un lado garantizar unos derechos sociales a la ciudadanía basados en la dignidad de la persona y por otro lado establecer fórmulas de participación social en la vida política a través de los agentes sociales. De la mano de reputados autores analizaremos en mayor profundidad este concepto que nos sirve como aproximación de los principios que trataremos a continuación. Nos referiremos entre otros al principio de solidaridad que sirve como marco de convivencia de nuestro ordenamiento jurídico. Muy vinculado al principio de igualdad este principio permite que los recursos no se concentren únicamente en determinados territorios más propicios para ello, sino que exista un equilibrio tanto en la distribución de recursos como de capital. De igual modo trataremos el principio de autonomía, el cual ordena la disposición territorial de nuestro Estado en las distintas Comunidades Autónomas y concede a estas cierta autonomía en orden a gestionar sus respectivos intereses.Veremos que nuestra forma de gobierno ha sido tradicionalmente centralizada, analizaremos las razones que han podido propiciar este hecho, sin embargo en la actualidad descentralización y democracia son dos términos que se hallan poderosamente vinculados, así pues definiremos la forma organizativa de nuestro Estado y veremos sobre que competencias se reserva competencia exclusiva en materia legislativa y sobre que otras delega la potestad de su regulación en las Comunidades Autónomas a través de sus propios Estatutos.Nuestro Estado social se asienta sobre tres ejes fundamentales que son la libertad, la igualdad y la participación; de los cuales derivan una serie de principios contenidos en el Capítulo III del Título I de nuestra Constitución bajo la denominación de principios rectores de la política social y económica. Existe cierta controversia entre los expertos en torno a la cuestión de calificar estos principios como derechos constitucionales fundamentales y por tanto alegables ante los Tribunales, o meros principios rectores que deben regir las políticas económicas y sociales. Por ello llevaremos a cabo un análisis objetivo y sistemático observando la posición de diversos autores al respecto. Para finalizar pondremos de relieve por un lado los avances en materia de derechos sociales que contiene nuestro sistema Constitucional y por otro lado aquellas cuestiones que por su trascendencia política han suscitado debate acerca de su eficacia y que son por tanto susceptibles de ser reformadas o en lo posible revisadas.