Reflexiones prácticas sobre el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana al hilo de la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional

Abstract

En el presente Trabajo de Fin de Grado se comenzará con un breve análisis de la figura del Impuesto de Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, explicando los problemas que ha ido generando el tributo a lo largo de los últimos años, así como las dudas acerca de la inconstitucionalidad de algunos aspectos de dicho tributo. Asimismo, se realizará un estudio de las diferentes cuestiones que se plantean a raíz de la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 107.1, segundo párrafo, 107.2 a) y 107.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales por parte del Tribunal Constitucional. Este Tribunal consideró que el sistema para el cálculo de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana infringía el principio de capacidad económica y el principio de no confiscatoriedad reconocidos en nuestra norma suprema. Profundizaremos en este aspecto analizando su sentencia 182/2021, de 26 de octubre de 2021. Igualmente, procederemos a examinar el uso del Decreto-ley en materia tributaria, debido a la controversia que se ha generado por una posible utilización errónea por parte del Gobierno de dicho instrumento, para llevar a cabo la reforma del régimen jurídico del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, con la finalidad de subsanar los artículos declarados nulos e inconstitucionales. Dicha utilización suscitó la interposición de un recurso inconstitucionalidad, por parte del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, contra el Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre. Finalmente, examinaremos la respuesta, opinión y conclusión del Tribunal Constitucional acerca de la posible vulneración de los límites materiales para el uso del Decreto-ley por parte del Gobierno, profundizando para ello, en la sentencia del Tribunal Constitucional, de 9 de marzo de 2023.