Abstract:
Al vislumbrarse para finales de 2024, el vigésimo aniversario de la publicación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, puede ser este un momento oportuno para hacer, más que un balance, una fotografía de cómo está la situación actual en el caso del régimen jurídico laboral de las víctimas de violencia de género. Por su gran similitud, aunque no desprovista de polémica, se irá comentando, al mismo tiempo, la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, más conocida como la del “sí es sí”, que denota claramente haber seguido los pasos de la LO 1/2004, en lo que a técnica jurídica se refiere, y en algunos casos el mimetismo es completo, si bien se observa cierta conducta dubitativa del legislador al incidir reiteradamente en la modificación de estas materias, no solo en ambas normas, también en el Estatuto de los Trabajadores, en el Estatuto Básico del Empleado Público y en la Ley General de la Seguridad Social. Al mismo tiempo creo que los efectos protectores de la norma sobre víctimas de violencias sexuales todavía adolecen de estudios suficientes para su aplicación, quizá por el desconcierto que ha creado en la opinión pública
As the end of 2024 approaches, the twentieth anniversary of the publication of Organic Law 1/2004, of December 28, on Comprehensive Protection Measures against Gender Violence, this may be an opportune moment to do more than just take stock a photograph of the current situation in the case of the labor legal regime for victims of gender violence. Due to its great similarity, although not devoid of controversy, Organic Law 10/2022, of September 6, on the comprehensive guarantee of sexual freedom, better known as “yes means yes”, will be commented on at the same time. which clearly denotes having followed the steps of LO 1/2004, as far as legal technique is concerned, and in some cases the mimicry is complete, although a certain hesitant behavior of the legislator is observed when repeatedly influencing the modification of these matters, not only in both regulations, also in the Workers' Statute, in the Basic Statute of Public Employees and in the General Law of Social Security. At the same time, I believe that the protective effects of the law on victims of sexual violence still lack sufficient studies for its application, perhaps due to the confusion it has created in public opinion
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