La protección social y el empleo de personas con discapacidad en la recomendación número 18 del pacto de Toledo

Abstract

Como señala el Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo de 20201, «el Pacto de Toledo nació para que no sufran incertidumbre alguna sobre el mantenimiento de los medios económicos dignos que merecen los integrantes de un colectivo tan sensible como el de los pensionistas, un colectivo del que forman parte nuestros ancianos, nuestros enfermos, nuestras viudas o nuestros huérfanos; un colectivo que — antes o después — acabará acogiéndonos a todos, porque los riesgos económicos vinculados a la enfermedad, la vejez o la muerte jamás dejarán de presentarse por óptima que sea la situación de nuestra sociedad». De manera, que se trata de proponer las medidas necesarias para que todas las personas, al ver finalizada su actividad laboral o profesional, tenga asegurados unos recursos económicos que le permitan conservar una vida digna. En otras palabras, como dice el art. 41 de nuestra Constitución de 1978, los poderes públicos tienen la obligación de mantener un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones “suficientes”, en caso de necesidad. En ese sentido, «el Pacto de Toledo persigue establecer las bases para que los poderes públicos tomen sus decisiones en materia de pensiones, sabiendo que están abocados a respetar un equilibrio preciso entre la austeridad y la generosidad, un equilibrio que nos asegure a todos que el sistema no va a quebrar».