El atestado policial: análisis y relevancia como elemento probatorio en el proceso penal

Abstract

El atestado policial constituye un documento esencial en la fase de investigación de un hecho delictivo ya que integra de manera ordenada, detallada y objetiva todas las diligencias practicadas por la policía y sirve como base para la apertura del posterior procedimiento judicial. La elaboración del mismo corresponde a la Policía Judicial pues es nuestra Carta Magna y la Ley de Enjuiciamiento Criminal la que le encomienda la función principal “de la investigación del delito y descubrimiento del delincuente bajo la dependencia funcional de los de Jueces, Tribunales y del Ministerio Fiscal”1. Es la forma de activar el procedimiento penal más habitual y relevante, ya que la decisión final que adopte el juez sentenciador estará estrechamente condicionada por la calidad de la labor investigadora llevada a cabo por los funcionarios de la Policía Judicial en relación con el hecho delictivo, así como por la correcta redacción del atestado policial. Este documento será posteriormente ratificado en el acto del juicio oral por los agentes y deberá ajustarse a los principios fundamentales del proceso penal: oralidad, contradicción, inmediación y publicidad. En el marco jurídico, el atestado policial tiene el valor de denuncia, careciendo por sí mismo de valor probatorio si no es ratificado por los agentes actuantes en la fase de juicio oral. Esta ratificación permite que los hechos contenidos en el atestado puedan adquirir relevancia probatoria ante el órgano judicial. El valor probatorio del atestado dentro del proceso penal se puede concretar de diversas formas: por la declaración testimonial de los miembros de policía que intervinieron en su elaboración, por la incorporación de documentación al procedimiento judicial o por medio de pruebas periciales realizadas por la Policía Judicial con el fin de esclarecer los hechos investigados. En este contexto, las pruebas periciales preconstituidas practicadas durante la fase de instrucción del proceso penal, como por ejemplo una prueba de alcoholemia realizada mediante aire espirado en casos de delitos contra la seguridad vial o bien, las inspecciones oculares técnico-policiales en los supuestos de siniestros viales o escenarios del crimen, conservan pleno valor probatorio si se han realizado con las debidas garantías legales.

The police report is a fundamental document in the investigation phase of a criminal offense, as it integrates, in an orderly, detailed, and objective manner, all the steps taken by the police and serves as the basis for the subsequent opening of judicial proceedings.. Its preparation is the responsibility of the Judicial Police, as both the Constitution and the Criminal Procedure Act assign them the principal function “of investigating crimes and identifying offenders, under the functional supervision of Judges, Courts, and the Public Prosecutor's Office”. This is the most common and relevant way of initiating criminal proceedings, as the final decision made by the sentencing judge will be closely conditioned by the quality of the investigative work carried out by the Judicial Police officers in relation to the crime, as well as by the correct drafting of the police report. This document will subsequently be ratified by the officers during the oral trial and must adhere to the fundamental principles of criminal proceedings: oral proceedings, adversarial proceedings, immediacy, and publicity. In the legal framework, the police report has the value of a complaint, and in and of itself has no evidentiary value unless ratified by the officers involved in the oral trial. This ratification allows the facts contained in the report to acquire evidentiary relevance before the judicial body. The probative value of a police report in criminal proceedings can be determined in various ways: through the testimony of the police officers involved in its preparation, through the incorporation of documentation into the judicial proceedings, or through expert evidence conducted by the Judicial Police to clarify the facts under investigation. In this context, pre-constituted expert evidence administered during the investigative phase of criminal proceedings, such as a breathalyzer test in cases of road safety offenses, or technical-police inspections in cases of road accidents or crime scenes, retain full probative value if they have been carried out with the proper legal safeguards.