Abstract:
En la actualidad, las nuevas tecnologías, incluidas las cámaras corporales tienen
multitud de usos, pudiéndose emplear dichas imágenes/videos, tanto para
averiguar la información relativa a la comisión de hechos delictivos o infractores
de la normativa administrativa, así como pruebas en un posterior proceso
judicial.
Por otro lado, los sistemas de videovigilancia también son empleados para
controlar la actividad desempeñada por los cuerpos policiales para salvaguardar
los derechos fundamentales de los ciudadanos, pudiendo comprobar mediante
estos mecanismos la proporcionalidad en las diferentes intervenciones
policiales. Por este motivo, diversos paises exigen el uso de cámaras corporales
por parte de los agentes del orden a efectos de controlar su actividad.
En el caso de España, existe un grave problema ante la utilización de este tipo
de mecanismos, ya que la regulación es deficiente y muy parca, produciéndose
una colisión de derechos: seguridad vs intimidad, puesto que la videovigilancia
conlleva que los derechos de los ciudadanos se vean limitados.
Actualmente y por lo mencionado anteriormente, en nuestro país no se ha
implementado la obligación de portar cámaras corporales por parte de los
miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, aunque existen casos tanto a
nivel nacional como internacional en los que dichos mecanismos han servido
tanto para favorecer a la ciudadanía como para controlar de manera interna el
funcionamiento de los cuerpos policiales, sirviendo como fundamento para la
instrucción de expedientes disciplinarios al demostrarse por medio de las
grabaciones captadas incumplimientos al reglamento interno policial.
Se concluye que existe la tendencia en los países de nuestro entorno a usar las
cámaras corporales entre las fuerzas y cuerpos policiales, con el fin de controlar
que no se excedan en el uso de la fuerza, especialmente en EE.UU donde hay
muchos casos controvertidos
Currently, new technologies, including body worn cameras have a multitude of
uses, and these images/videos can be used, both to find out the commission of
criminal acts or infractions of administrative regulations, as well as evidence in a
subsequent court process.
On the other hand, video surveillance systems are also used to control the activity
carried out by police forces to safeguard the fundamental rights of citizens, being
able to verify through these mechanisms the proportionality in the different police
interventions. For this reason, several countries require the use of body worn
cameras by law enforcement officer in order to control their activity.
In the case of Spain, there is a serious problem with the use of this type of
mechanism, since the regulation is deficient and very sparse, producing a
collision of rights: security vs. Privacy, since video surveillance implies that the
rights of citizens they look limited.
Currently and due to the aforementioned, in our country the obligation to carry
body worn cameras by members of the security forces and bodies has not been
implemented, although there are cases both nationally and internationally in
which these mechanisms have served both to favor citizens and to control
internalizes the operation of the police forces, serving as a basis for the
instruction of disciplinary files by demonstrating through the captured recordings
breaches of internal police regulations.
It is concluded that there is a tendency in the countries around us to use body
worn cameras among the police forces, in order to control that they do not exceed
in the use of force, especially in the United States where there are many
controversial cases.
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