La contaminación acústica en el ámbito domiciliario, como afectación de Derechos Fundamentales. Intervención policial y uso de la fuerza

Abstract

Mediante el presente trabajo se ha pretendido realizar una aproximación a la concepción de la contaminación acústica como un problema grave, que genera una afectación de Derechos Fundamentales, reconocidos en la Constitución Española de 1978, y que en concordancia con la interpretación del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que hace el Tribunal Europeo de Estrasburgo, genera una concepción doctrinal de protección frente al ruido, doctrina que no parece terminar de ser acogida por nuestro Tribunal Constitucional, y que ha supuesto diversas condenas al Estado Español en materia de contaminación acústica por vulneración de los artículos 15, 18.1 y 2 de la CE, en concordancia con el artículo 8 del CEDH, la última en el año 2018. Se ha determinado la existencia de cierta desprotección jurídica frente al ruido, en base a la ineficacia o ausencia de medidas correctoras por parte de las administraciones públicas, y cuya dejadez ha ido acompañada de sentencias condenatorias por delitos contra el medio ambiente y por prevaricación por omisión de los responsables municipales. Se ha apreciado que existe una desprotección que supone una vulneración de Derechos Fundamentales, concretamente en el ámbito domiciliario, donde el vecino ve impotente como sus derechos constitucionales quedan quebrantados, y cuyo restablecimiento queda reducido en la mayoría de ocasiones a intervenciones policiales ineficaces, y medidas administrativas insuficientes para equiparar el disfrute de esos derechos de los vecinos que sufren las consecuencias físicas y psíquicas de la contaminación acústica domiciliaria, frente al disfrute de los derechos de los actores generadores de contaminación acústica. Se ha analizado un ejemplo de intervención policial frente al ruido, que tuvo lugar durante el segundo estado de alarma decretado por el gobierno, y que pretendió indirectamente, como consecuencia de un delito de desobediencia grave, un restablecimiento “inmediato” de derechos frente a la contaminación acústica, teniendo que llegar a hacer un uso gradual de la fuerza, para hacer cumplir la legalidad. Un uso de la fuerza cuyas consecuencias jurídicas están pendientes de determinar por la judicatura. Una actuación que diversos juristas ven como desproporcionada, y vulneradora del artículo 18.2 de la CE, aunque por otro lado, otros juristas, e incluso el juez de guardia que desestimó el procedimiento de Habeas Corpus solicitado por uno de los detenidos, consideran que la actuación fue ajustada a derecho, y que por tanto, dio lugar a una “protección inmediata constitucional” de los Derechos Fundamentales quebrantados por el ruido. Una disparidad jurídica que continúa hasta que sea resuelta la causa.

Through this work it has been intended to make an approximation to the conception of noise pollution as a serious problem, which generates an affectation of Fundamental Rights, recognized in the Spanish Constitution of 1978, and that in accordance with the interpretation of Article 8 of the European Convention on Human Rights made by the European Court of Strasbourg, generates a doctrinal conception of protection against noise, a doctrine that does not seem to end up being accepted by our Constitutional Court, and that has led to various condemnations to the Spanish State in terms of noise pollution for violation of articles 15, 18.1 and 2 of the Spanish Constitution of 1978, in accordance with article 8 of the ECHR, the last in 2018. It has been determined the existence of a certain lack of legal protection against noise, based on the ineffectiveness or absence of corrective measures by public administrations, and whose neglect has been accompanied by convictions for crimes against the environment and for prevarication by omission of municipal officials. It has been found that there is a lack of protection that implies a violation of Fundamental Rights, specifically in the home environment, where the neighbor sees helplessly how his constitutional rights are violated, and whose restoration is reduced in most cases to ineffective police interventions, and insufficient administrative measures to equate the enjoyment of these rights of neighbors who suffer the physical and mental consequences of pollution home acoustics, against the enjoyment of the rights of actors generating noise pollution. An example of police intervention against noise has been analyzed, which took place during the second state of alarm decreed by the government, and which indirectly sought, as a result of a crime of serious disobedience, an "immediate" restoration of rights against noise pollution, having to use force, to enforce the law. A use of force whose legal consequences are pending determination by the judiciary. An action that several jurists see as disproportionate, and in violation of Article 18.2 of the EC, although on the other hand, other jurists, and even the judge on duty who dismissed the Habeas Corpus procedure requested by one of the detainees, consider that the action was adjusted to law, and that therefore, it gave rise to an "immediate constitutional protection" of the Fundamental Rights violated by the noise. A legal disparity that continues until the case is resolved.