La suspensión de la ejecución de la pena: su posible incidencia en el art. 25 CE y otros derechos fundamentales

Abstract

En el presente trabajo se pretende analizar la suspensión de la pena desde el punto de vista del impacto o la incidencia que tiene en los derechos fundamentales del condenado en el proceso penal. Las penas privativas de libertad vienen asociándose como una sanción de Derecho Penal retributivo desde el SXVIII. No obstante, con el paso de los años se ha ido teniendo en cuenta la capital relevancia de los conceptos de reeducación y reinserción que el legislador introduce en el artículo 25.2 de nuestra Constitución de 1978 como finalidad de las penas privativas de libertad. En consecuencia, se pretende reorientar la legislación penal hacia fines resocializadores tendentes a lograr la prevención del delito, a través de la reeducación del condenado y no mediante la imposición de una pena privativa de libertad como mero castigo que en ocasiones no contribuye a evitar nuevos delitos, sino al contrario, produce el llamado “contagio criminal”. No hay que olvidar que el proceso penal es un instrumento esencial a través del cual se contribuye a lograr la reinserción y reeducación del condenado, en concreto, durante el trámite de la ejecución en el que se disputa sobre la concesión o denegación de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad, vigente a partir del S.XIX y entendida como una “segunda oportunidad” a la libertad. Por último, la reforma de LO 1/2015 modifica el régimen de suspensión y sustitución de las penas mediante la introducción de nuevos criterios para su aplicación otorgando una amplia discrecionalidad reglada a los órganos enjuiciadores, con el objetivo de agilizar el trámite evitando las dilaciones indebidas y cualquier tipo de lesión a los derechos fundamentales del condenado durante todo el trámite del proceso penal en el que se incluye la ejecución.