Las alternativas a la incapacitación

Abstract

La discapacidad se define como una patología que conlleva deficiencias en cualquier grado: intelectual, física, mental o sensorial y que además es previsible a largo plazo, y dicha situación supone un obstáculo para el desarrollo en sociedad de aquellas personas que la padezcan pues pueden verse imposibilitadas para ejercer sus derechos en igualdad de condiciones con el resto de las personas. Actualmente, el punto de partida para promover la igualdad de las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos fundamentales lo constituye la Convención de Nueva York sobre derechos de las personas con discapacidad, suscrita por España, que proclama como principios básicos el respeto a la dignidad personal, la promoción de la autonomía individual, y la toma de decisiones libres en los ámbitos personal, patrimonial y sanitario. La legislación actual proclama la posibilidad de acudir a un procedimiento de determinación de la capacidad de obrar que conlleva una adecuación de la capacidad de obrar, relativa a la posibilidad de ejercitar derechos y cumplir obligaciones, que se resuelve mediante sentencia dictada por un Juez. Mediante este procedimiento, se determina el órgano tutelar que más se ajuste a la necesidad de cada persona. Dicha legislación se recoge fundamentalmente en nuestro decimonónico Código Civil, que, si bien ha sido objeto de numerosas reformas a lo largo de los años, precisa una reforma integral para su adecuación a las normas de la Convención, que ha dado lugar al Anteproyecto de Ley por el que se reforma la legislación civil y procesal en materia de discapacidad, actualmente en trámite parlamentario. Dado que según los principios de la convención la declaración de falta de capacidad debe realizarse con carácter restringido, actualmente existen en España otras posibilidades que suponen una alternativa a la tramitación de un procedimiento judicial, y que suponen una menor injerencia en la autonomía y desarrollo de las personas con discapacidad, reemplazando el modelo de sustitución con representación y defensa, por medidas de apoyos y asistencia, con respeto a la voluntad y las preferencias de la persona quien, como regla general, será la encargada de tomar sus propias decisiones. Tales alternativas se desarrollan en los diferentes ámbitos de la vida de la persona con discapacidad: -En cuanto al ámbito personal, se plantean como alternativas la posibilidad de establecer un régimen de acompañamientos, nombramiento de un simple defensor judicial o guardador de hecho, la intervención de los Servicios Sociales en aquellas actuaciones que no pueda realizar la persona por sí misma, e incluso formalizar documentos de voluntades anticipadas, que plasmen para el futuro cuáles son las decisiones que para el caso de discapacidad adopta una persona mientras se encuentra en plenitud de facultades. - En el ámbito sanitario introduce como novedad la figura del Tratamiento Ambulatorio Involuntario, además del otorgamiento de consentimiento en las intervenciones quirúrgicas. - En el ámbito patrimonial/negocial existe un amplio abanico de alternativas a una posible incapacitación como la autotutela, poderes preventivos, posibilidad de intervención notarial y la constitución del patrimonio protegido