Los juicios paralelos en la época de la “Posverdad”

Abstract

A finales del 2017, el término “posverdad” se incorporó al Diccionario de la Lengua Española. La novedad del concepto es que se enmarca en el mundo de las redes sociales, donde la inmediatez es la reina de todo cuanto se publica, haciéndose habitual la falta de contrastación de la información. En el ámbito jurídico, esto supone cada vez más un problema si se contextualiza con los casos más mediáticos. El siguiente reportaje pretende analizar la relación que existe entre el surgimiento de los juicios paralelos y la era actual denominada como posverdad. Para ello se han utilizado tres casos españoles que han contado con una gran repercusión en el país, incluyendo entre ellos un suceso que no puede situarse en la época de la posverdad para comprobar las diferencias que han existido. Con este análisis se busca reabrir un debate que ha generado gran controversia en el mundo de la comunicación y en el jurídico: sin coartar los derechos a la libertad de expresión y a comunicar información, ¿se pueden salvaguardar aquellos que garantizan un juicio justo?

At the end of 2017, the term "Post-Truth" was added to the Dictionary of the Spanish Language. The novelty of the concept is that it is framed in the world of social networks where immediacy is the queen of everything that is published, having become detached from the imperative need to contrast information. In the legal sphere, this is increasingly a problem if it is contextualised with the most mediatic cases. The following report aims to analyse the relationship between the emergence of parallel judgments and the current era known as Post-Truth. For this purpose, three Spanish cases have been used that have had a great impact on the country, including an event that cannot be placed in the Post-Truth era to verify the differences that have existed. This analysis seeks to reopen a debate that has generated great controversy in the world of communication and in the legal world: without restricting the rights to freedom of expression and to communicate information, can those who guarantee a fair trial be safeguarded?