Derecho a la información vs. derecho a la intimidad. Caso Carles Puigdemont y Toni Comín

Abstract

Actualmente es difícil distinguir entre la esfera pública y privada de una persona debido a los contenidos difundidos en redes sociales o publicados por los medios de comunicación. Hablamos en concreto de la intimidad, un derecho fundamental garantizado por la Constitución Española en su artículo 18. Su principal función es salvaguardar la privacidad de las personas ante el resto de la ciudadanía. Son muchos los casos en los que un medio de comunicación vulnera la intimidad de alguien priorizando así el derecho a la información. La libertad de información es otra garantía recogida por la Constitución Española cuyo objetivo es permitir a los medios de comunicación informar a la ciudadanía. Estos dos derechos entran en numerosas ocasiones en conflicto, pues los límites de uno comienzan donde empieza el otro. Para que haya libertad de prensa se deben cumplir dos requisitos: veracidad y relevancia. Por el contrario, para garantizar el derecho a la intimidad se debe tener en cuenta la previsibilidad y el riesgo asumido. Así es como llegamos al tema en cuestión de este trabajo: la vulneración o no de la intimidad del exconseller catalán Toni Comín y de Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat de Catalunya, tras la publicación de sus mensajes. El Programa de Ana Rosa emitido en la cadena Telecinco publicó el 31 de enero una imágenes en la que se veía los mensajes mandados por Puigdemont a Toni Comín. En ellos el expresidente hacía una alusión a una posible traición por parte de otros miembros de partido y al fin de lo que ellos denominaron República Catalana. Tras la publicación de las fotografías, los políticos catalanes declararon que se había vulnerado su derecho a la intimidad. En contraposición, los periodistas alegan un uso correcto de ella basándose en el derecho a la información. A lo largo de este trabajo hemos querido explicar cuáles son los derechos que se pueden oponer a la libertad de prensa. Así como ofrecer una posible solución al conflicto entre derechos surgido entre el Programa de Ana Rosa y Toni Comín atendiendo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Nowadays it is difficult to distinguish between the public and private sphere of a person due to the content diffused on social media or published by the media. We talk specifically of privacy, a fundamental right guaranteed by the Spanish Constitution in Article 18. Its main function is to safeguard people's privacy over the rest of the citizens. There are many cases in which a means of communication violates the privacy of someone, thus prioritizing the right to information. Freedom of information is another guarantee collected by the Spanish Constitution whose objective is to allow the media to inform the public. These two rights enter in numerous occasions in conflict because the limits of one begin where the other begins. For there to be freedom of the press, two requirements must be met: veracity and relevance. On the opposite, to guarantee the right to privacy, one must take into account the predictability and the risk assumed. This is how we come to the subject in question of this work: the violation or not of the privacy of the exconseller Catalan Toni Comín and Carles Puigdemont, expresident of the Generalitat de Catalunya, after the publication of their messages. El Programa de Ana Rosa, broadcast on the Telecinco channel, published on January 31 an image showing the messages sent by Puigdemont to Toni Comín. In them, the former president made an allusion to a possible betrayal by other party members. After the publication of the photographs, the Catalan politicians declared that their right to privacy had been violated. In contrast, journalists claim a correct use of it based on the right to information. Throughout this work we wanted to explain what are the rights that can be opposed to press freedom. As well as giving a possible solution to the conflict between rights arising between El Programa de Ana Rosa and Toni Comín in accordance with the jurisprudence of the Constitutional Court.