Análisis jurisprudencial de la Ley 8/2021, de 2 de junio por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica

Abstract

La ley 8/2021 de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, ha supuesto un radical cambio de paradigma en la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Tras la entrada en vigor de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 12 de diciembre de 2006 y ratificada por España el 23 de noviembre de 2007, ha impulsado el desplazamiento de modelos de medidas de sustitución por las medidas de apoyo. Este cambio de paradigma implica la eliminación de la tutela, para consolidar el pleno ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida, prevaleciendo el criterio de la voluntad y preferencias en la toma de decisiones. La presente reforma legal supone un cambio en materia de discapacidad alejándose del modelo basado en la sustitución de la capacidad jurídica hacia un sistema fundamentado, en el que la persona es quien toma sus propias decisiones en todos los aspectos de la vida en igualdad de condiciones. Asimismo, se considera como núcleo central el art. 12 de la Convención en materia de capacidad jurídica, ya que va a repercutir en las decisiones judiciales porque la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es vinculante por todos los Estados que la han ratificado, incluida España. Por tanto, el presente Trabajo de Fin Grado pretende realizar un análisis jurisprudencial de la Ley 8/2021, de 2 de junio por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, y examinar si las resoluciones judiciales se adecúan a las implicaciones de la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Law 8/2021 of June 2, which reforms civil and procedural legislation to support people with disabilities in the exercise of their legal capacity, has meant a radical paradigm shift in the protection of the rights of people with disabilities. Following the entry into force of the International Convention on the Rights of Persons with Disabilities, approved by the United Nations General Assembly on December 12, 2006, and ratified by Spain on November 23, 2007, a shift from substitute decision-making models to support measures has been promoted. This paradigm shift entails the elimination of guardianship, consolidating the full exercise of legal capacity for persons with disabilities on equal terms in all aspects of life, with the prevailing criteria of will and preferences in decisionmaking. The present legal reform represents a change in disability matters, moving away from the model based on the substitution of legal capacity towards a wellfounded system, in which the person is the one who makes their own decisions in all aspects of life on equal terms. Likewise, art. 12 of the Convention on legal capacity, since it will have an impact on judicial decisions because the International Convention on the Rights of Persons with Disabilities is binding on all States that have ratified it, including Spain. Therefore, this Final Degree Project aims to carry out a jurisprudential analysis of Law 8/2021, of June 2, which reforms civil and procedural legislation to support people with disabilities in the exercise of their legal capacity, and examine whether judicial resolutions adapt to the implications of the convention on the rights of people with disabilities.