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dc.contributor.advisorGALLEGO LÓPEZ, JUAN BENITO-
dc.contributor.authorGonzálvez Bernad, Ana-
dc.contributor.otherDepartamentos de la UMH::Ciencia Jurídicaes_ES
dc.date.accessioned2022-10-31T09:32:31Z-
dc.date.available2022-10-31T09:32:31Z-
dc.date.created2022-06-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11000/28131-
dc.description.abstractEn el año 2012 se adoptaron en España dos importantes, y polémicas, medidas tributarias de características opuestas: la última amnistía fiscal conocida en nuestra historia democrática y, posteriormente, la obligación de declaración de bienes y derechos situados en el extranjero, cuyo desarrollo reglamentario, que data de 2013, destacaría por contener desproporcionadas sanciones. Aunque en este trabajo encontraremos un espacio dedicado a la primera, es la segunda el principal objeto de estudio. Para las autoridades españolas, la necesidad de intensificar las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude fiscal justificaba la implementación de la citada obligación mediante el Modelo 720 y de las consecuencias asociadas a su presentación extemporánea o incorrecta. No obstante, para la Comisión Europea y los contribuyentes afectados, el régimen sancionador planteaba objetivas dudas de proporcionalidad. En este sentido, la institución europea advirtió a España en diversas ocasiones, pero ni un Dictamen motivado pudo poner fin al conflicto antes de la fase contenciosa. La Comisión recurrió ante el TJUE y, a raíz de su pronunciamiento, han tenido lugar las ansiadas modificaciones en torno a la declaración informativa objeto de nuestro trabajo. La falta de acomodación de la declaración al Derecho de la Unión Europea se basa, principalmente, en que se ha producido una restricción de la libertad de circulación de capitales que va más allá de lo necesario para conseguir el objetivo perseguido -luchar contra el fraude-, y hace posible ver restituidas situaciones jurídicas producidas por la aplicación de la norma controvertida. Una especial referencia al impacto de la sentencia en la declaración de las monedas virtuales ocupa el último epígrafe de este trabajo, habida cuenta de que carecen de regulación específica en nuestro ordenamiento jurídico tributario y son muchas las dudas que, al respecto, se plantean en dicho ámbito.es_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.format.extent61es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Miguel Hernández de Elchees_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectModelo 720es_ES
dc.subjectobligación de informaciónes_ES
dc.subjectbienes y derechos situados en el extranjeroes_ES
dc.subjectlucha contra el fraudees_ES
dc.subjectrégimen sancionadores_ES
dc.subject.otherCDU::3 - Ciencias sociales::34 - Derechoes_ES
dc.titleLa obligación de información recogida en el Modelo 720 y su acomodación al Derecho de la Unión Europea y a la Constitución Españolaes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
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TFG- Derecho


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