Equiparación de derechos reconocidos a personas con discapacidad a personas que obtienen una incapacidad permanente y los efectos de las sentencias del Tribunal Supremo

Abstract

El presente trabajo pretende abordar la situación actual de las personas con discapacidad y la equiparación de sus derechos a las personas reconocidas con alguna incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez. Mediante la introducción cito sucintamente los temas que afectan a la discapacidad y su extensa regulación, para, seguidamente, entrar de lleno en la definición del concepto de discapacidad e incapacidad permanente en sus diversas regulaciones para distinguir las modificaciones normativas que llevan al cambio de perspectiva, poniendo énfasis en el modelo social debido a la influencia de la Convención Internacional sobre el resto de normas. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, recoge los principios de respeto a la dignidad inherente de la persona, la autonomía individual, la independencia de cada ser humano, la no discriminación, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, la igualdad de oportunidades, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas. Bajo estos principios, incide en el cambio hacia la valoración de las barreras externas que dificultan la accesibilidad y participación plena de los aspectos socio-laborales de la persona con discapacidad. En el epígrafe sobre integración laboral de personas con discapacidad, se analiza el sistema de valoración del grado de discapacidad mediante un baremo necesitado de reforma pues la Convención Internacional y las últimas regulaciones de nuestro ordenamiento jurídico, nos inducen a que el modelo social debe valorarse en mayor medida, pues la valoración en la que se centra el actual modelo es en una cuantificación médica. Tras el ineficaz baremo, se analiza la pequeña cuota de reserva de empleo y su cobertura mediante la correcta contratación en cuanto a la jornada laboral correspondiente. En referencia a los desafíos que nos han sacudido por el covid, planteo el teletrabajo como una oportunidad para el acceso laboral de personas con discapacidad y las necesidades que se deben cubrir en su caso. La equiparación de los derechos de las personas con discapacidad a las personas con incapacidad permanente reconocida por el INSS, queda sin aplicación debido a las sentencias del Tribunal Supremo que dictaminan el exceso de habilitación del Gobierno al modificar los efectos del texto refundido RDL 1/2013 de 29 de noviembre, Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión social. El análisis de cada una de las sentencias y la posición contraria del voto particular, nos lleva a valorar el efecto de la jurisprudencia en la reserva de empleo del 2 por cien. Para finalizar, planteo propuestas de mejora sobre acciones directas orientadas a la integración de personas con discapacidad en el ámbito de la empresa privada. Una de las propuestas trata sobre la valoración por tramos de facturación de la empresa para establecer una cuota de reserva de empleo complementaria al porcentaje actual o ampliado al 4 por ciento. Otra propuesta que planteo es una posible deducción en el Impuesto de Sociedades como incentivo a la contratación de personas con discapacidad en el caso de no ser obligatorio para la empresa por no cumplir los requisitos para su obligatoriedad. También añado otras interesantes propuestas.