La tributación de las viviendas desocupadas en España

Abstract

El presente trabajo pretende analizar la tributación de las viviendas desocupadas teniendo en cuenta que el derecho a una vivienda digna es uno de los derechos más elementales del ser humano, pese a no ser reconocido como derecho fundamental. En los últimos años, existen varias iniciativas legislativas cuyo objetivo es conseguir dar una salida a estas viviendas para favorecer el acceso de las mismas a los colectivos con mayores dificultades. Entre las herramientas con las que cuentan los poderes públicos para garantizar el derecho a la vivienda encontramos los recargos, los regímenes especiales (por ejemplo, el régimen especial de las entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas que regula importantes bonificaciones por dedicarse a dicha actividad) o impuestos que gravan adicionalmente los inmuebles desocupados. El objetivo de esta política fiscal es que el contribuyente que tenga una vivienda vacía ceda su uso a un tercero y se solucione, al menos parcialmente, el problema de la gente sin hogar o con problemas para poder independizarse. No obstante, estas medidas pueden chocar con derechos como el de la propiedad privada y principios como el de capacidad económica o justicia tributaria, por lo que existe un amplio debate doctrinal sobre la idoneidad de tales medidas fiscales. Asimismo, existen problemas técnicos a la hora de delimitar qué se entiende por vivienda desocupada lo que ha impedido, hasta la fecha, desarrollar el recargo de la cuota líquida del IBI sobre estas viviendas, aunque sí haya habido Comunidades Autónomas que hayan procedido a legislar sobre el concepto de 'vivienda desocupada o vacía'.

This paper aims to analyse the taxation of unoccupied housing taking into account that the right to decent housing is one of the most basic human rights, despite not being recognized as a fundamental right. In recent years, there have been several legislative initiatives with the objective to provide an outlet for these homes in order to favour their access to groups with greater difficulties. Among the tools available to public authorities to guarantee the right to housing we find surcharges, special regimes (for example, the special regime of entities dedicated to the lease of housing that regulates important bonuses for engaging in such activity) or taxes that additionally tax unoccupied properties. The objective of this fiscal policy is to make the taxpayer who has an empty house ceding its use to a third party and, at least partially, solving this way the problem of homeless people or with problems to be able to become independent. However, these measures may clash with rights such as private property and principles such as economic capacity or tax justice, so there is a broad doctrinal debate on the suitability those kind of tax measures have. Also, there are technical problems when defining what is meant by unoccupied housing which has prevented, to date, developing the surcharge of the liquid quota of the IBI on these homes, although there have been Autonomous Communities that have proceeded to legislate on the concept of 'vacant or empty housing'.