La interpretación de las normas españolas con arreglo a la Convención de Nueva York de 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad

Abstract

Se produce tras la aparición de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un cambio radical en la concepción que teníamos sobre la discapacidad. Es la discapacidad un concepto que evoluciona, se aleja del modelo médico para acoger el modelo social de discapacidad, en el que la discapacidad no viene dada por la deficiencia de la persona, sino por la interacción de la misma con las barreras que la sociedad interpone, convirtiendo a la sociedad en discapacitante. Es en el ámbito del Derecho Privado donde la Convención ha causado una mayor agitación, en concreto en lo referente a la capacidad jurídica de la persona, la cual después de la aparición de la Convención, se tiene que entender como un todo, esto es, la capacidad para ser titular de derechos y también ejercerlos sin ningún tipo de limitación. No se puede seguir manteniendo el sistema de incapacitación y sustitución en la toma de decisiones que rige hoy en día, teniendo que adaptar en nuestra legislación civil figuras como la tutela y la curatela. Debemos adoptar un sistema de apoyos ‒como indica el artículo 12 de la Convención‒, basado en el respeto a los derechos, la voluntad y la preferencia de las personas. Se han promulgado leyes de adaptación a la Convención, pero es en el ámbito del Derecho Civil donde se tiene que producir todavía el cambio de mayor envergadura, cambio que empieza a tomar forma con el Anteproyecto de Ley por el que se reforma la legislación civil y procesal en materia de discapacidad. Este Anteproyecto introduce los sistemas de apoyo a los que alude la Convención, sustituyendo con el antiguo sistema de incapacitación a la vez que elimina las instituciones de sustitución de la persona.