La potestad sancionadora de las Administraciones públicas: referencia al régimen sancionador de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y de otras disposiciones normativas en materia de medio ambiente.

Abstract

La Constitución Española prevé la sanción penal o en su caso administrativa, así como la obligación de reparar el daño causado, ante los ilícitos ambientales. La administración pública ostenta esta facultad de imposición de sanciones frente conductas antijurídicas tipificadas como infracción administrativa. No obstante, este poder exorbitante debe respetar, en todo momento, los derechos fundamentales del ciudadano. Dicha potestad administrativa tiene especial relevancia en materia de medio ambiente, donde opera con determinadas especialidades respecto al procedimiento general. Como disposición normativa relevante en este ámbito, se destaca, especialmente, el Régimen Sancionador de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.